Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
Qué pasa con la legislación en Chile
La Organización de las Naciones Unidas, a través de su Asamblea General y Consejo de Derechos Humanos, han pedido que la manera en que se enfrente la desinformación y su difusión, promuevan y resguarden la libertad de expresión y la libertad de acceder, recibir y difundir información, tal como se establece en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el apartado 1 del artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. De esta manera, se insta a los Estados a combatir la desinformación a través de fortalecer el acceso a la información y la transparencia, además de fomentar y proteger los medios de comunicación independientes. En ningún caso, el camino debe ser la imposición de restricciones.
En agosto de 2022, António Manuel de Oliveira Guterres, secretario general de la ONU, presentó el informe “Contrarrestar la desinformación para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales”. Documento que surge por solicitud de la Asamblea General y aborda los desafíos de la desinformación en ámbitos como el electoral, donde señala que, “la difusión de desinformación en contextos electorales puede erosionar la confianza pública en la credibilidad de los procesos, lo que atenta contra el derecho a la participación política”. Así mismo, identifica ocho planteamientos para la desinformación: enfoques normativos centrados en la transparencia, promoción de regímenes sólidos de información pública y un amplio acceso a la información, protección de los medios de comunicación libres e independientes y diálogo con las comunidades y fomento de la alfabetización digital, mediática e informacional.
En esta línea, Ingrid Bachmann, directora de Núcleo Milenio NUDOS y ex integrante de la Comisión Contra la Desinformación, considera que legislar en Chile sobre este tema es delicado, ya que según como se plantee una legislación al respecto, se puede usar para contrarrestar la libertad de prensa y la libertad de información. En su opinión, el rol que debe desempeñar el Estado para enfrentar la desinformación es asegurar la libertad de prensa y hacer cumplir las leyes existentes y su orden jurídico, sumado a posibles políticas públicas orientadas a reforzar a los medios, principalmente regionales y locales.
“No hay el suficiente, ni rédito político ni interés real de fondo, por regular la desinformación, en el sentido de controlar y salir a sancionar penalmente la tarea de desinformar, yo creo que hay espacio para mejorar la responsabilidad que tienen las plataformas en la viralización de ciertas desinformaciones, contenidos y ciertas estafas”.
Ingrid Bachmann.
Credito fotografía: Francisco Bartholin.
El Centro Knight para el Periodismo en las Américas en el Moody College de Comunicación de la Universidad de Texas, publicó en 2023 un mapa comparativo del actual estado de leyes que regulan la desinformación, realizado por la agencia brasileña de verificación de datos Lupa. En él, Sudamérica es la región que tiene menor regulación legislativa frente a la desinformación, mientras que Europa posee a 28 de los 35 países que cuentan con leyes específicas aprobadas (posicione el cursor sobre el país en el gráfico siguiente para conocer su información al respecto).
Mapa sobre los avances en legislación sobre desinformación en América y Europa. (Elaboración propia). Fuente: Centro Knight para el Periodismo en las Américas y Agencia Lupa.
En Chile
En la actualidad no existen leyes que regulen la desinformación en el país, aun así, desde 2018 se han presentado 12 proyectos de ley al respecto, desde los distintos sectores políticos, donde los parlamentarios buscan regular y sancionar la difusión de noticias falsas y desinformación.
- 2018 – Proyecto para destituir a las autoridades que difundan noticias falsas, busca la cesación de funciones en todos los cargos políticos de elección popular, por promocionar, difundir y financiar noticias falsas.
- 2020 – Proyecto para sancionar fake news que perturben el orden público, tiene por objetivo modificar el código penal, tipificando como delito la difusión de noticias falsas que perturben el orden social o causen pánico social.
- 2020 – Proyecto para sancionar fake news sobre la crisis sanitaria, al igual que el proyecto anterior, busca modificar el código penal para sancionar la propagación de noticias falsas en periodos de crisis sanitarias en redes sociales u otros medios de comunicación.
- 2020 – Proyecto para proteger los procesos electorales, busca prohibir la propaganda electoral por mensajería instantánea y telemarketing, además de sancionar a candidatos que difundan noticias falsas.
- 2021 – Proyecto de ley anti fake news para regular redes sociales, tiene por finalidad que las empresas dedicadas a las redes sociales cuenten con representante legal, eliminen el contenido manipulado y cuenten con mayor transparencia en el uso de algoritmos.
- 2022 – Proyecto de Transparencia en los medios de comunicación, busca establecer y sancionar la difusión de noticias falsas, donde el Estado debe velar por la transparencia de la información y ser adoptadas por medios de comunicación.
- 2022 – Proyecto para combatir las fake news del plebiscito de salida, finalmente quedó en su primer trámite constitucional.
- 2022 – Proyecto para sancionar a funcionarios o autoridades que difundan información falsa, modifica el código penal para sancionar noticias falsas o no fidedignas que causen alarma pública por autoridades y/o funcionarios públicos.
- 2023 – Proyecto de Modificación del Reglamento de la Cámara de Diputados, modifica el reglamento de la cámara de diputados incorporando aspectos como contribuir al fortalecimiento de la democracia y abstenerse de difundir noticias o información falsa.
- 2023 – Proyecto para sancionar el financiamiento de la creación de noticias falsas, modifica el código penal sancionando el financiamiento de creación, difusión y promoción de noticias falsas y desinformación.
- 2023 – Proyecto que limita la difusión de desinformación y modifica la ley N° 19.733, además de limitar la difusión de desinformación, busca modificar la ley sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo.
- 2023 – Proyecto que modifica cuerpos legales para resguardar a las personas de los trastornos de la información en plataformas. Busca disminuir los trastornos de la información a las que se pueden exponer las personas como consecuencia de contenidos falsos, discursos de odio, nocivos o ilegales en plataformas digitales, sean o no usuarios.
2023 fue el año en el cual se presentó la mayor cantidad de proyectos de ley contra las noticias falsas y la desinformación. Período posterior a la experiencia con el primer proceso constituyente y los bulos en redes socales y medios.
Fuente: medio verificador FastCheck.cl
En 2020, el senador Kenneth Pugh, en conjunto a la senadora Ximena Rincón y al ex senador Felipe Harboe, presentaron el proyecto de ley que busca limitar el acceso de los partidos a información personal y que regula la propagación de fake news en política, sancionando a candidatos y autoridades en ejercicio por la divulgación de noticias falsas. Esta propuesta de normativa sigue en tramitación.
Para el senador Pugh, el beneficio que obtiene el electorado respectos a leyes como en la que él es coautor, se centra en la libertad de tomar decisiones en base en sus propias convicciones y no por información que haya sido manipulada según una base de datos. Agregando que, el perfilamiento político del electorado con la finalidad de realizar campañas de manipulación de la información durante un proceso eleccionario, debe ser abordado en materias legislativas como la ley que regula partidos políticos, ley de actos eleccionarios y la nueva ley de datos personales.
En opinión del parlamentario, el camino a seguir por parte del estado y organismos electorales, debe apuntar en el avance de tecnologías y políticas públicas que aborden la integración de la inteligencia artificial, debido a los riesgos que esta puede representar. Las medidas esenciales según su opinión, es fundamental restringir el acceso a datos personales por parte de organizaciones políticas para que no afecte a las libertad de información, políticas públicas enfocadas en la educación temprana que permita enfrentar la exposición a información en internet, finalmente, regulación específica del uso de la información en periodos electorales.
A su vez, Pugh considera que para combatir la desinformación se requiere un trabajo de acuerdos y voluntades por parte de los políticos, donde destaca el compromiso de varios senadores por avanzar en la materia.
Fotografía cedida por K. Pugh.
En relación a los proyectos de ley que se han presentado en los últimos años, Antoine Faure, director de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Santiago y ex integrante de la Comisión Asesora Contra la Desinformación, considera que ha sido un avance tímido e insuficiente ya que no alentaría a una colaboración estrecha entre los actores públicos y privados y no consideraría propuestas de fondo. La legislación vigente, a través de la Ley N° 19.733, sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo, sanciona únicamente conductas difundidas en medios de comunicación como injurias y calumnias, promoción del odio, divulgación de identidad de niños, niñas y adolescentes relacionados a delitos, ya sea como autores, encubridores o testigos, divulgación de la identidad de víctimas, uso de todo recurso editorial que dé cuenta de estereotipos o prejuicios y ultraje público a las buenas costumbres. Sin embargo, no sanciona la difusión de noticias falsas o desinformación, y mucho menos las responsabilidades de plataformas de redes sociales.
Comisión Asesora Contra la Desinformación
El gobierno bajo Decreto Supremo Nº12 y con la finalidad de asesorar a los ministerios de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y Secretaría General de Gobierno, crea la Comisión Asesora Contra la Desinformación de carácter temporal, con el objeto de analizar el fenómeno global de la desinformación y su manifestación a nivel local en Chile, la comisión en 2023 entregó dos informes, uno respecto del estado del arte a nivel local y/o global sobre el fenómeno de la desinformación y un segundo informe que entregó recomendaciones para la alfabetización digital, regulación de plataformas digitales, y orientaciones para la implementación de políticas públicas.
La comisión presidida por la ministra Aisén Etcheverry estuvo conformada por Antoine Faure, Claudio Elórtegui, Ingrid Bachmann, Pedro Anguita, María José Escobar, Patricia Peña, Juan Carlos Lara, Paulina Ibarra y Fabián Padilla. Estos representaron a las instituciones señaladas en el artículo 3º del decreto de creación, que corresponde a universidades estatales, privadas y de regiones. También a ONG’s, fundaciones de la sociedad civil y del medio Fact-Checking. Tras la entrega del primer informe de la comisión el 29 de agosto de 2023, la ministra destacó el trabajo realizado por los expertos.
Para Ingrid Bachmann, el escenario en Chile para enfrentar la desinformación en cuanto a regulación es similar a los países que integran la OCDE, ya que no hay regulación legislativa más allá de normas de convivencia como injurias, estafas, engaños y fraude, pero no existe un organismo que determine que es desinformación y que es verdad oficial, lo que en su opinión está bien, ya qué es complicado regular la desinformación sobre todo quién es el que tiene la autoridad de establecer la intención dolosa y quién es la autoridad para determinar que es verdad y que no.
En este ámbito, tanto el primer informe desarrollado por la comisión, como la ONU Y UNESCO, señalan que una de las principales problemáticas de la desinformación es que no existe una definición única y consensuada, complicando la comprensión de la problemática y la interpretación e implicancias de los distintos sectores sociales.
Al comparar las realidades entre países como se detalla en el mapa, Europa representa un continente con la mayor cantidad de países que ha instaurado leyes específicas para contrarrestar la desinformación. Por el contrario, América es uno de los continentes que en sus países no existen leyes específicas que lidien con la desinformación, sin embargo, tanto Argentina como Chile, se encuentran realizando iniciativas que vayan en la línea europea.
Por lo anterior, Antoine Faure considera que a diferencia de otros países de la región y el mundo, Chile está llevando una agenda activa, encabezada por el actual gobierno, sumado a iniciativas importantes a nivel privado, como por ejemplo organizaciones de fact-checking. Diferente es la situación de la Unión Europea, ya que en su opinión, están llevando una apuesta más fuerte porque es una unión de muchos países que tienen un peso económico y político importante.
Respecto a las recomendaciones realizadas por la comisión en su informe final, ambos expertos consideran que las recomendaciones más relevantes se orientan a la protección del uso de datos personales que pueden ser utilizados para la generación de redes de desinformación. Recientemente se aprobó la normativa que regula la Protección de Datos Personales. La comisión también propuso ejes centrales, como la participación del país en instancias de regulación multilateral; promover la transparencia de plataformas digitales alrededor de sistemas automatizados de algoritmos que disminuyan la viralidad de contenido dudoso, especialmente en redes sociales; contrarrestar la desinformación en espacios estatales, por ejemplo, procesos electorales; alfabetización mediática, informacional y digital; fortalecimiento de los medios de comunicación, y fortalecer la investigación sobre desinformación.
“Hay que entender que la alfabetización digital y a estas alturas algorítmica, es un proceso que cambia toda la vida, las tecnologías cambian, entender que suponen las habilidades digitales, es mucho más complejo, como determinar la información verosímil, confiable y el desafío de la inteligencia artificial”.
Ingrid Bachmann.
Crédito fotografía: Paola Obreque y Francisco Bartholin.
“Yo creo que los grandes ejes son muy pertinentes. Me interesan mucho las recomendaciones en materias políticas, de comunicación de la ciencia y la tecnología, en materia de investigación y de alfabetización”
Antoine Faure.
Crédito fotografía: cedida por A. Faure.
Antoine Faure puntualizó, además, algunos aspectos sobre el tema:
En los últimos años se han presentado 12 proyectos de ley que buscan regular la desinformación en Chile ¿Cuál es su opinión sobre la regulación legislativa que se ha presentado para contrarrestar la desinformación?
R: Que es tímida y no suficiente, tampoco alienta una colaboración estrecha entre actores públicos y privados, ni propuestas de fondo, sino parches.
¿Cuál es el rol que deben cumplir los medios de comunicación para enfrentar la desinformación?
R: Incorporar sistemáticamente el fact-checking en todas las salas de redacción y avanzar en la calidad y el pluralismo en vez de priorizar audiencias y desempeño económico.
¿Cuál es el rol que debe adoptar el Estado sobre este tema?
R: Un rol muy activo y coordinado, tanto con otros estados como con actores de la sociedad civil y del sector privado.
Considerando que en octubre se realizarán elecciones regionales y comunales, ¿cuál es el impacto de la desinformación en periodos electorales?
R: Es importante, por lo menos en principios. Sabemos que son períodos extraordinarios donde se desatan grandes operaciones, tanto por actores internos como externos. Ahora bien, falta información -en el caso chileno- sobre el efecto mismo. Hay proyectos de investigación en curso que aportan a este conocimiento, todavía no tenemos los resultados pero serán muy interesantes.